La reforma de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, la ley orgánica de la jurisdicción administrativa, la Ley del Sistema de Justicia y posiblemente las leyes de las jurisdicciones constitucional y electoral, son varias de las normas que entrarían en vigencia este año, todas vinculadas al Poder Judicial. Una de las modificaciones fue el cambio de nombre de la Sala Plena para pasar a ser el Pleno del TSJ, cuyas decisiones no podrían ser revisadas por la Sala Constitucional como ocurrió en el caso de los generales que participaron en el golpe de Estado de 2002. El Tribunal Supremo presentó varias observaciones por esa limitación de la sala, que por ahora preside Luisa Estella Morales, y rechaza que no se permita analizar las sentencias de la Plena. El diputado Tulio Jiménez consideró incongruente que las decisiones de un cuerpo colegiado de 32 personas puedan ser revisadas sólo por 7 magistrados, en el proyecto de reforma publicado en la página web de la Asamblea se retoma la posibilidad de que la Sala Constitucional revise sentencias de todas las salas que integran el TSJ y, además, resuelva los conflictos entre ellas, como se lee en los numerales 11 y 12 del artículo 26 del texto.
El anuncio del cierre de las líneas 1 y 2 de la Corporación Venezolana de Guayana intensifica la crisis en el sector minero de las empresas del Estado. Ayer los trabajadores de esas líneas de la filial Alcasa protestaron frente a los portones por la incertidumbre que les asaltó tras la medida que adoptó el Gobierno para ahorrar energía eléctrica y mantener los niveles del Guri. Los hornos que permiten la producción fueron cerrados, así como las áreas productivas. Henry Arias, vocero del Sindicato de Trabajadores de Alcasa, dijo que la política de ahorro es una salida a la "irresponsabilidad del Gobierno". La acusación la emitió tras recordar que hace tres años se informó que "el embalse bajó más de lo que ha bajado ahora". Desde el 2001 el desbalance se hizo presente en el reservorio de agua. "Le anunciaron al Presidente de la República que había que hacer unas inversiones a nivel nacional para que hoy no tengamos el problema que tenemos con Tacoa". A la lista se sumó Planta Centro, Uribante Caparo y Guri.
Juan Carlos Caldera (Primero Justicia), denunció que es responsabilidad exclusiva del gobierno de Hugo Chávez no haber cubierto la meta anual de incrementar 500 megavatios de potencia para cubrir la demanda normal de electricidad por el incremento de la población, que crece a razón de unas 620 mil personas cada año. Recordó que en 2008 y 2009 Chávez dio dinero a Bolivia, Nicaragua y Cuba para que ellos mejorasen su distribución eléctrica, por lo que no se justifica el racionamiento en Venezuela. En rueda de prensa desde el centro comercial Millenium, en Los Dos Caminos, Caldera repudió las medidas dictadas desde el Gobierno nacional que afectan el desenvolvimiento rutinario de las familias venezolanas, tras la restricción del horario de apertura nocturno de los centros comerciales hasta las nueve de la noche. "Nosotros estamos a las puertas de este centro comercial expresando nuestro rechazo e indignación por la manera alegre que el Gobierno viene afrontando su propia torpeza sobre la medida de cierre de centros comerciales y de lugares de esparcimiento. Se nos quiere castigar a los venezolanos. Ya vivimos recortados de agua y de luz y ahora se nos pretende engañar diciendo que esto es por el fenómeno de El Niño o problemas climáticos", afirmó Caldera.
Un grupo de trabajadores de Fedepetrol protestaron este lunes a las afueras de la Refinería Puerto La Cruz para exigir el reinicio del contrato colectivo por parte de la estatal Petróleros de Venezuela (PDVSA). El secretario de reclamos, Luis Díaz dijo que los petroleros han llegado a un acuerdo de radicalizar la protesta. "Para el día de mañana, vamos a realizar unas acciones más contundentes para decirle al presidente de PDVSA, Rafael Ramirez que ya basta de burlas y de que sigan jugando con el salario de los trabajadores", añadió. Díaz señaló que los representantes de la estatal petrolera se levantaron de la mesa de negociación de manera arbitraria al proponer que los trabajadores renuncien a los retroactivos de la contratación colectiva. "No tenemos ningún problema de ir a una huelga como lo establece la ley del trabajo", aseveró.
Miles de visitantes del Parque Nacional Canaima hacen colas de hasta 2 kilómetros para surtir de gasolina sus vehículos y seguir disfrutando de las bellezas naturales del sur del estado Bolívar. El contrabando de combustible complica el panorama turístico de Santa Elena de Uairén, capital del municipio Gran Sabana, que limita con Brasil. Los turistas se quejan de la situación y exigen soluciones al problema que cada temporada les hace perder tiempo de sus vacaciones.
Leave a comment