"Ya van 55 denuncias de magnicidio y todavía no hay ninguna prueba contundente". De esa forma Manuel Rosales, ex alcalde de Maracaibo, desestimó desde Perú las más recientes acusaciones que pesan en su contra, a través de las cuales se le implica como autor intelectual de un presunto plan de magnicidio contra el presidente Hugo Chávez que data del año 1999. Asilado en tierras incas desde abril, el dirigente y fundador del partido Un Nuevo Tiempo aseguró: "El único plan para liquidar a Chávez en el que he estado es el plan electoral y así lo haré en las elecciones presidenciales de 2012". Exponiendo diversos recortes de periódicos donde se demuestra su participación como alcalde marabino en diversas actividades de la corporación municipal en diciembre de 1999, Rosales echó por tierra las acusaciones que han formulado en su contra voceros del partido de Gobierno, fundamentadas en una entrevista que diera el paramilitar colombiano Geovanny Velásquez a medios internacionales. "El Gobierno venezolano quiere vender la idea, a través de la prensa, de que yo promoví desde 1999 el asesinato del presidente Hugo Chávez, eso es falso".
La Fiscal General de la República, informó que el Ministerio Público designó al fiscal 48° nacional, Zair Amundaray, para investigar el presunto plan magnicida contra el presidente Hugo Chávez, hecho público por un aparente paramilitar, quien aseguró que supuestamente el dirigente político Manuel Rosales, le habría contactado para proponerle la ejecución de un plan desestabilizador en Venezuela, el cual incluía el asesinato del Jefe de Estado. Explicó que la denuncia fue formulada por el diputado de la Asamblea Nacional, Reinaldo García, quien solicitó que se abriera una investigación con fundamento en una entrevista que realizó el corresponsal del periódico El Nuevo Herald, en Colombia, Bogotá, al presunto paramilitar. También recientemente dirigentes del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) solicitaron la apertura de una investigación respecto a las denuncias formuladas por el ex funcionario del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) de Colombia, Rafael García, en relación con los planes magnicidas contra el presidente de la República, Hugo Chávez Frías.
El hecho de que los universitarios hayan levantado la huelga de hambre no significa que dejarán de reclamar por la libertad de los presos políticos y exigir la presencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en el país, afirmaron estudiantes que participaron en la protesta. Como parte del plan de acción, unos 30 estudiantes venezolanos protestó ayer frente a la sede de la OEA en Washington y entregó un documento en el que exhortan al organismo a "tomar acciones contundentes con respecto a los presos políticos en Venezuela". El documento fue recibido por Santiago Cantón, secretario ejecutivo de la CIDH, y Raúl Aleonada, director del Departamento de Defensa de la Democracia. Además, unas 100 copias fueron repartidas entre funcionarios de la OEA. Rebeca Rojas, estudiante de la Universidad de Oriente, dijo que "además del cumplimiento de los objetivos", decidieron suspender la protesta "responsablemente" porque estaba tomando niveles "inadecuados", como la decisión de algunos de suturarse la boca. "Pero seguiremos ejerciendo presión y no dejaremos la calle hasta que llegue la CIDH al país. Velaremos porque cumplan lo que nos prometieron", dijo.
La plancha 7 (Vanguardia Obrera Socialista) se llevó 15.009 votos, 54,27% del total, en las primeras elecciones de la Federación Única de Trabajadores Petroleros de Venezuela (Futpv). En segundo lugar quedó la plancha 1 (C-Cura), con 7.557 votos, equivalentes a 27,32% del total. Le siguieron las planchas 9 y 3 con 2.698 y 1.250 votos, respectivamente, según informó el presidente de la comisión electoral de la Futpv, José Sánchez. Con los resultados, el comité ejecutivo de la organización sindical estará presidido por el dirigente Wills Rangel, representante de la plancha 7 de Vanguardia Obrera Socialista. La plancha 7 contó con el apoyo logístico y financiero del PSUV, según indicaba la propia agrupación Vanguardia Obrera Socialista en sus comunicados de prensa. Igualmente, dirigentes de otras planchas denunciaron durante la campaña que Pdvsa prestó sus recursos financieros y operativos para que la agrupación hiciera campaña en las instalaciones de la industria.
Este jueves, el Seniat cerró por 3 días la empresa Cedel Casa de Bolsa y le impuso el pago de una multa de 1.365 bolívares fuertes. La Junta Directiva de la empresa consideró que la decisión constituye una retalización política en contra de uno de sus accionistas, Eligio Cedeño, quien lleva más de 2 años en la cárcel sin que haya comenzado el juicio en su contra y luego de que el propio Cedeño se uniera a la huelga de hambre de los estudiantes. Esta decisión ocurre el mismo día en que comenzaba la subasta de los bonos venezolanos en la que participarian clientes de la empresa. Cedel pidió excusas a sus clientes por las molestias causadas. La Junta Directiva de la empresa informó que acataba la decisión, a pesar de no estar de acuerdo con los argumentos de los funcionarios, pues entiende que se trata de una retaliación política en contra de Eligio Cedeño.
Los habitantes del Kilómetro 70, parroquia Unare de Caroní (Bolívar), volvieron a ser noticia durante el mediodía de este jueves, cuando 18 de sus vecinos, 12 adultos y 6 menores de edad, fueron detenidos por agentes de Patrulleros de Caroní. La medida fue tomada por los uniformados luego de que los residentes del sector, ubicado en la carretera vieja Puerto Ordaz-Ciudad Bolívar, continuaran con las manifestaciones que habían comenzado el miércoles, con el fin de reclamar mejoras en los servicios básicos y escuelas. Los manifestantes decidieron trancar la vía por la carencia de un comedor en la escuela bolivariana, liceos y un ambulatorio acorde con sus necesidades, razón por la cual los agentes ejecutaron el arresto.
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