El Foro Penal Venezolano, familiares y representantes legales de los presos políticos se presentaron ayer en la oficina de la Organización de Estados Americanos (OEA) en Caracas para requerir una vez más la presencia en el país de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), para que constate "la situación de atropellos e ilegalidades en los casos de detenidos, procesados y perseguidos por su posición política". En esta oportunidad, la tercera en que una organización requiere la presencia de la CIDH, el abogado Alfredo Romero explicó que incluyeron alternativas para alcanzar la revisión de la visita. La CIDH ha señalado que el Estado venezolano no ha consentido su visita al país; no obstante, proponen se defina a una persona particular, extranjera e imparcial "a los efectos de que venga a Venezuela y redacte un informe". Explicó Romero que la petición ya está en manos de un representante de la OEA que los recibió. "Fuimos bien recibidos y sabemos que esto va a ser remitido a la Comisión". Agregó que Venezuela vive una "situación de urgencia, de arremetida contra los ciudadanos disidentes, las cárceles se están reacomodando a efectos de llevar ahí a los presos políticos, es unasituación de urgencia de la que los venezolanos y el mundo entero, independientemente de posiciones políticas, debe estar alerta".
El Bloque de Prensa Venezolano a través de un comunicado manifestó su repudio hacia la imputación penal contra el periodista Rafael Poleo. En el comunicado afirman que "La Imputación penal contra el reconocido periodista Rafael Poleo, editor del diario "Nuevo País" y de la revista "Zeta", ordenada por el régimen del presidente Chávez, constituye una de las más recientes agresiones contra la libertad de expresión en Venezuela". Ante esta imputación que le hace el régimen "por presunta comisión de uno de los delitos contra la independencia y la seguridad de la nación", Rafael Poleo estaría a las puertas de una cárcel chavista, en peligro de su integridad física, su vida.
Rubén González, secretario general del Sindicato de Trabajadores de Ferrominera Orinoco (Sintraferrominera), fue detenido en Ciudad Bolívar este jueves, en la sede de la Dirección General de los Servicios de Inteligencia y Prevención (Disip), mientras rendía declaración como testigo en una investigación que se le sigue al ex alcalde del antiguo municipio Raúl Leoni, Gilberto Villarroel. Recientemente González encabezó una paralización en FMO Ciudad Piar en reclamo por el pago del retroactivo por la discusión de la contratación colectiva homologada en mayo, en un acto en el que participó el presidente Hugo Chávez, y al cual González no fue invitado. Extraoficialmente transcendió que al dirigente se le acusa de agavillamiento, instigación a delinquir, restricción a la libertad del trabajo e incumplimiento al régimen especial de zonas de seguridad, según la Ley Orgánica de Seguridad de la Nación en sus artículos 47 y 48. Yarudid González, hija del líder laboral detenido, comentó que ellos como familia sabían que alguna medida legal vendría en su contra, porque ya habían comentado en la empresa -desde que se produjo el paro el 11 de agosto- que iban a darles orden de captura y que esta sería no sólo para González, sino para él y otros 17 compañeros entre ellos trabajadores y miembros del comité ejecutivo de Sintraferrominera.
El líder libio Mohamar Gaddafi, el sudafricano Jacob Zuma, el congoleño Joseph Kabila y el de Zimbabue, Robert Mugabe llegarán mañana a la isla venezolana de Margarita para participar en la II cumbre de América del Sur y África, que se efectuará el sábado y domingo, dijeron hoy los organizadores. Gaddafi viene de participar en la asamblea general de las Naciones Unidas y se espera sea uno de más entre los 50 gobernantes y jefes de Estado africanos que se reunirán con los presidentes sudamericanos. Los mandatarios examinarán la marcha del proceso de cooperación sur-sur, especialmente en los sectores de salud, energía, tecnología y turismo. Por América del Sur, los organizadores confirmaron la presencia de los presidentes de Ecuador, Rafael Correa; de Argentina, Cristina de Kirchner; de Brasil, Luiz Inacio Lula da Silva, de Chile, Michelle Bachelet, entre otros. La reunión será en uno de los principales hoteles de la isla, que quedó bajo custodia de una impresionante operativo de seguridad en la que participan el Ejército y la Guardia Nacional (policía militarizada).
El expresidente de la Federación Nacional de Ganaderos (Fedenaga) Genaro Méndez, quien entregó este jueves el cargo, declaró que en los últimos cuatro años el gobierno nacional mantuvo una profunda discriminación y negación de su gremio y que el Instituto Nacional de Tierras (INTI) se convirtió en un organismo de persecución y amedrentamiento. Méndez aseveró que el INTI ha actuado con premeditación y alevosía y, en su opinión, es una pérdida de tiempo usar la vía administrativa para resolver diferencias con ese organismo. Por tal razón, cree que lo recomendable es siempre acudir a los tribunales agrarios. Denunció, además, que durante su gestión al frente de Fedenaga se tomaron o expropiaron 2,5 millones de hectáreas, las cuales se convirtieron en tierras ociosas y sin producción. Méndez aseguró que la política económica del gobierno con respecto al campo ha sido un total fracaso porque la producción de leche en la última década ha disminuido en 15%, mientras que para 2.009 se estima que la producción de carne sólo abastecerá el 38% del mercado interno y para el 2.013 la carne nacional podría dejar de existir.
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