El vocero de la Mesa de Unidad, Julio Borges ha anunciado una movilización el próximo 5 de septiembre hasta la Fiscalía General de la República en repudio a las acciones judiciales en contra del prefecto de Caracas Richard Blanco y los 11 trabajadores de la Alcaldía Metropolitana. "Queremos decirle a la fiscal que la protesta no es un delito, es un derecho y lo vamos a ejercer" sentenció Borges, según la reseña del portal de noticias Cadena Global. Dijo que la ruta de la marcha convocada para el 5 de septiembre, aún no tiene ruta definida, y "todos" serán responsables de la movilización. Asimismo, indicó que con las acciones ocurridas esta semana de manera clara se muestra un gobierno tan "débil" que lo único que le queda es la represión, la fuerza bruta, porque ha perdido apoyo del pueblo. "La fiscal está negando el derecho a que los venezolanos podamos protestar en la calle, y lo está negando en un país donde no hay justicia", agregó.
El gobernador del estado Táchira, Cesar Pérez Vivas, manifestó no tener temor a que se le abra un antejuicio de mérito, como asomó el presidente Hugo Chávez, por los hechos de violencia del sábado en la Zona Educativa de la entidad, que terminó con un saldo de cinco heridos. "No le tenemos miedo a las amenazas del presidente Chávez, que nos meta presos a todos. Para qué necesita formalidades de antejuicio. Él es un hombre autócrata que no respeta la Ley ni la verdad. Aquí todo el que protesta es inmediatamente descalificado", expresó "Las cárceles no serán suficientes para llevar detenidos a todos los venezolanos que están en desacuerdo con la gestión del gobierno, por sus ofensas y la forma como maneja los asuntos públicos", dijo. Pérez Vivas calificó de "inmoral que desde el gobierno se pretenda imputar a los asistentes de la manifestación contra la Ley Orgánica de Educación, la responsabilidad de un grupo que los atacó desde la azotea del edificio. El colmo y la inmoralidad con que actúa el presidente Chávez es la de pretender lavarle la cara a los malandros que tiene en la Zona Educativa", agregó. Criticó que "a través de la justicia, el gobierno intente desconocer la voluntad de la mayoría de los tachirenses que lo eligió como su máximo representante".
El presidente de la Comisión de Política Interior de la Asamblea Nacional (AN), anunció que en el segundo período de sesiones ordinarias del Parlamento, se procederá con la reforma de varias normas, entre ellas el Código Penal, el cual incluirá "nuevos delitos". Al precisar el contenido de la agenda de trabajo, Jiménez indicó que la redacción de un nuevo Código Penal será lo que ocupe la mayor atención de los diputados porque se incluirán nuevos delitos referidos, por ejemplo, a la genética y telecomunicaciones. "También vamos a reformar el Código Civil, el Código de Justicia Militar y el Código de Comercio. Todos estos instrumentos deben ser adaptados a los nuevos tiempos que vive el país", señaló el parlamentario. Aseguró que cuando aborden la reforma de las leyes mencionadas, consultarán con los sectores "interesados en la materia, por ejemplo: a las universidades, academias, colegios de abogados, jueces, defensores públicos y, por supuesto, al Ministerio Público. Disponen a reformar la Ley del Tribunal Supremo de Justicia, la Ley del Tráfico Ilícito de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas y el Reglamento Interior y de Debates de la Asamblea Nacional.
La justicia uruguaya investiga la exportación de libros a Venezuela por un monto de 32 millones de dólares en la que se detectó una importante sobrefacturación, indicaron a la AFP fuentes judiciales. La pesquisa involucra a la empresa Apilser S.A., que vendió material bibliográfico a Venezuela por 32 millones de dólares, pese a que el costo de elaboración de ese material fue de medio millón de dólares. El caso está desde hace un mes en manos de la jueza del crimen organizado Graciela Gatti "tras recibir una denuncia anónima", dijeron las fuentes, que señalaron que la investigación se centra "en un supuesto lavado de activos". El senador Ruperto Long, del opositor Partido Nacional (centroderecha), ventiló públicamente el caso esta semana abriendo sospechas sobre la posibilidad de un presunto aporte de dinero de parte del gobierno venezolano a la campaña electoral del candidato presidencial de la coalición oficialista de izquierda Frente Amplio, José Mujica. Mujica salió al cruce al señalar que los fondos de la campaña del FA "provienen de lo que tenemos" y que "está todo documentado".
El sector automotor, que en las principales economías del mundo es protegido por su capacidad para generar empleos e impulsar el crecimiento, vive sus peores horas en Venezuela por la concurrencia de problemas de índole laboral, cambiario, de mercado y hasta jurídico. De las cinco ensambladoras de vehículos instaladas en el país: General Motors, Chrysler, Ford, Toyota y MMC Automotriz; tres están funcionando y muy por debajo de su capacidad máxima Ford, Toyota y Chrysler mientras que otras dos plantas están paralizadas MMC y GM, siendo está última responsable de la mitad de los vehículos ensamblados en el país. En cuanto a las marcas de vehículos ensamblados en el exterior, las licencias de importación no han fluido este año, en medio de la caída de los ingresos petroleros y la escasez de divisas que afecta la economía venezolana. Esta situación se traduce en la sequía y virtual paralización del mercado de vehículos cero kilómetros. En promedio, los concesionarios de las marcas con ensambladoras nacionales bajaron sus ventas hasta en 83%, pues en dos años pasaron de vender unos 120 vehículos al mes a apenas 20 o menos, en algunos casos. Trabajadores de los concesionarios explican que llegan unos pocos vehículos para venta pues en algunos casos las industrias están operando a 50% o menos de su capacidad.
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