El Ministerio Público presentó la acusación formal contra los empresarios Eligio Cedeño y Gustavo Arraíz, como parte del proceso legal que se sigue por la presunta comisión irregularidades en uso de las divisas otorgadas por Cadivi al Consorcio Microstar, investigación que se inició en el año 2003. Los fiscales nacionales 50° y 53°, William Guerrero y Ana Isabel Hernández, respectivamente, además del fiscal con competencia en materia contra la corrupción, bancos, seguros y mercado de capitales, Daniel Medina, acusaron a Cedeño por el delito de distracción de recursos financieros en grado de autor, de acuerdo con lo previsto en la Ley General de Bancos y Otras Instituciones Financieras. Asimismo, fue acusado Gustavo Arraíz como cómplice necesario en el mencionado delito. En el escrito, los fiscales solicitaron que se admitan la acusación y los medios probatorios aportados por el Ministerio Público. También, que se mantengan las medidas de privación de libertad y de aseguramiento de los bienes de Cedeño y Arraíz, dictadas en su debida oportunidad. En la misma se decidió que el Ministerio Público debía efectuar nuevamente el acto de imputación formal, por la presunta comisión del delito de distracción de recursos financieros. El Ministerio Público solicitó en este mes al Tribunal 39° en funciones de Control del área metropolitana de Caracas, instancia ante la cual se consignó el escrito de acusación, la prórroga de la medida de privación de libertad dictada en el año 2007. Tal requerimiento fue acordado.
A partir de este 19 de junio, General Motors Venezolana (GMV) cerrará sus líneas de ensamblaje de autos de pasajero, lo que significa una caída de 50% de la producción nacional de vehículos y afectará las actividades de la mitad de las empresas autopartistas del país. "Pese a todos nuestros esfuerzos nos vemos obligados a interrumpir operaciones por falta de divisas", informó justo un mes atrás el presidente de la empresa, Ronaldo Znidarsis, quien ratificaba entonces que la empresa acumulaba retrasos con CADIVI por el orden de los 1.200 millones de dólares. La situación es más crítica de lo que aparenta. Aun cuando las autoridades liberaran los dólares solicitados, GMV deberá esperar al menos tres meses y medio antes de ver en sus almacenes los materiales requeridos para reactivar actividades, toda vez que casi 100% de sus inventarios provienen de Asia. A lo interno, el cierre tiene repercusiones mayores. Según la Cámara de Fabricantes Venezolanos de Productos Automotores (Favenpa), unas 50 empresas productoras de piezas y partes cuentan con GMV como su principal cliente, y 16 tienen a la ensambladora valenciana como única fuente de colocación de sus manufacturas.
El presidente Hugo Chávez amenazó ayer con tomar el control de las obras y expropiar las maquinarias de todas aquellas empresas constructoras que paralicen la edificación de viviendas, tras la entrada en vigencia de una resolución que suprime el cobro del índice de precios al consumidor (IPC) para las adquisiciones de casas. La nueva resolución, que entró en vigencia tras su publicación en la Gaceta Oficial el 10 de junio, elimina el cobro del IPC en aquellos contratos que tengan por objeto la adquisición de viviendas por construirse, en construcción o ya construidas, informó AP. La resolución -que le da potestad al gobierno para "intervenir cualquier urbanismo'' que desacate la medida- también ordena devolver el dinero cobrado desde el 10 de noviembre de 2008 por ese concepto. "Empresa privada que no quiera, que se pare, le tomas la obra y las máquinas porque no es que se van a ir... y el gobierno asume el proyecto", dijo el mandatario al ministro de Obras Públicas durante una edición especial de su programa de radio y televisión.
El capitán en situación de retiro, Carlos Guyón, se dirigió este jueves a la Fiscalía General de la República para interponer unas denuncias en contra del ex gobernador del estado Miranda, Diosdado Cabello; del presidente de la República, Hugo Chávez, y contra la propia titular del Ministerio Público, Luisa Ortega Díaz. En relación con el primer funcionario, sostuvo que debe establecerse su responsabilidad en presuntos hechos de corrupción, cuyas pruebas ya fueron presentadas por las nuevas autoridades de la gobernación de Miranda. Con respecto a Chávez, lo acusó de conspirar para cambiar la forma política de la nación, transgrediendo la Constitución al instaurar la doctrina del socialismo; mientras tanto, la fiscal general se hace "oídos sordos" de esta situación, según dijo. "Hice una acusación contra el Presidente de la República por conspirar contra la forma política de la nación, delito que está tipificado en el Código Penal, en el libro 2, artículo 132. La acusación radica en que Chávez viene violentando la Constitución y subvirtiendo el orden nacional", aseguró Guyón.
El Gobierno nacional puede sacar del aire a las televisoras y emisoras de radios si considera que es "conveniente para los intereses de la Nación o cuando lo exigiere el orden público o la seguridad" y con ello no viola la libertad de expresión. La afirmación la realizó la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en la sentencia 834, en la cual rechazó la demanda que Globovisión, Radio Caracas Televisión (RCTV) y Televen interpusieron en 2003 contra los artículos 171, numeral 6, 183, 208, numerales 1 y 8; y 209 de la Ley Orgánica de Telecomunicaciones. En el fallo redactado por la magistrada Carmen Zuleta de Merchán se afirma que la eventual suspensión de las emisiones "se trata de una medida de gobernabilidad que se toma en atención a la evidente facilidad para la articulación de agentes desestabilizadores que puede generar la divulgación de un comunicado en contra de los intereses de la Nación, el orden público o la seguridad, mermando la capacidad de respuesta de los órganos estatales en ese sentido".
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